Directiva de Copyright ¿y ahora qué?

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04 Abr Directiva de Copyright ¿y ahora qué?

La polémica está servida. Tras dos años y medio de negociaciones, la Unión Europea aprobó la Directiva del Copyright, con 348 votos a favor, 274 en contra y 36 abstenciones.

Esta ley, que para unos supone la defensa de los derechos de autor de los creadores, para otros es una ley destinada a censurar la red.

En concreto, la polémica sobre la recién aprobada Directiva del Copyright está provocada por los artículos 15 y 17, que se refieren a las redes sociales y a las empresas que soportan la información que hay en la web

Hasta ahora, con la legislación vigente, las plataformas que albergan contenido en la red no son responsables de las violaciones de los derechos de autor, sino que son los propios usuarios los responsables. Lo que sí están obligadas es a retirar el material, en caso de que se denuncie alguna violación.

A partir de la entrada en vigor de la nueva directiva, se responsabiliza directamente a estas plataformas (Twitter, Facebook, YouTube, Instagram…) si a través de ellas se difunden contenidos en los que se están violando los derechos de autor y obliga a instaurar filtros de detección de contenidos con copyright. Además, se les exige que soliciten licencias con los derechos de autor para cada contenido que se suba.

Los opositores

Las grandes tecnológicas han manifestado su oposición argumentando que esta situación les adjudica un papel de guardianes de la ley, algo con lo que no están de acuerdo.

Según los defensores de la libertad de expresión en Internet, con esta nueva legislación, un vídeo que resulte interesante y que se puede subir y viralizar de manera inmediata, quizá tendría que estar almacenado esperando a que se tramite su permiso de difusión.

La conclusión es que la normativa puede provocar que haya una fuga de talento a países con una normativa de copyright más permisiva, como EEUU o Latinoamérica, donde el contenido no tendrá restricciones.

¿Qué dice el Parlamento Europeo?

La institución, a través de su web, explica los detalles sobre esta nueva ley. Ahí niega categóricamente que lo que se esté buscando sea coartar la libertad de expresión.

El PE asegura que “la libertad en internet, al igual que en el mundo real, seguirá existiendo, mientras que el ejercicio de la libertad no restrinja los derechos de otros, o sea ilegal”.

Según la institución, un usuario seguirá teniendo el derecho de subir contenido a las plataformas de internet siempre y cuando el uso de este derecho no afecte al de los demás, es decir, a los derechos de autor del creador de los contenidos, así como el derecho a la remuneración por la publicación de sus obras.

El PE explica que actualmente las plataformas remuneran a los creadores de manera voluntaria y solo de manera muy limitada, ya que ellos no son responsables del contenido que albergan, así que no tienen grandes incentivos para llegar a acuerdos con los autores. Por tanto, la institución considera que al corresponsabilizar a las plataformas de los contenidos que albergan, estas tendrán un mayor incentivo para negociar una remuneración justa con los autores.

Solo se librarán del cumplimiento de esta normativa aquellas empresas de menos de 3 años, con una cifra de negocios inferior a los 10 millones de euros anuales, y que no lleguen a los 5 millones de visitantes únicos mensuales.

¿Qué subyace en esta nueva directiva?

El problema es que, aunque esta medida refuerza el papel de los creadores y el respeto a sus derechos, debilita la libertad de difusión de información en la red. Dada la ingente cantidad de material que se publica a diario en Internet, se hace imposible que estos filtros sean manuales, sino que serán algoritmos los encargados de moderar este material. Como todavía no existe una tecnología capaz de verificar de forma eficaz cada material y, como las plataformas de contenidos serán las responsables de lo que se publica, lo más seguro es que se bloquee de forma preventiva cualquier material dudoso, incluyendo contenido irónico o satírico, muy difícil de detectar por un algoritmo, atacando la esencia misma de Internet.

El problema, es que esta directiva considera Internet de forma unidireccional y no contempla que los usuarios son, no solo consumidores de contenidos, sino también creadores, restringiéndose el uso que se le da actualmente a Internet.

¿Y los centros de datos?

Aunque la directiva es ambigua, y su ámbito de actuación quedará definido en cada Estado Miembro en los próximos dos años, los centros de datos no son plataformas de difusión de contenidos, por lo que no serán afectados por esta legislación. Es decir, en un centro de datos podría albergarse información perteneciente a un autor, y la plataforma que los utilice para difundirlos debería de negociar con el creador una retribución por su trabajo cuando este vaya a ser difundido.

El resultado final dependerá en buena medida de si el Consejo de la Unión Europea ratifica la directiva. Así los Estados miembro tendrán hasta 2021 para trasladarla a sus legislaciones.

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